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Pereira, Risaralda. El ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas Giraldo, anunció  que con la ley de transparencia en obras públicas vinculadas al sector, que cursa en el Congreso de la República, se democratizará la contratación estatal, especialmente en las regiones de Colombia.

Ministro en socialización de proyecto de Ley en Pereira 20161028Ante un auditorio de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, Rojas Giraldo aseguró también que la propuesta busca que los ingenieros recién egresados, las pequeñas y medianas empresas puedan competir en las mismas condiciones. Se pretende igualmente que las licitaciones no tengan un solo proponente como ocurre en buena parte del país, sino 60 o 70 empresas en cada proceso.

“Para ello, planteamos la estandarización de los modelos de pliegos regionales, los cuales no permitirán que ningún mandatario local o departamental los modifiquen. Esos pliegos únicos pondrán las cartas sobre la mesa desde un comienzo, así que cualquier potencial licitante sabrá cuáles son las exigencias para aplicar a cualquier contrato de obra pública relacionadas con el transporte, desde luego, teniendo en cuenta las características de cada región del país. Por eso vamos a socializarlo en todo el país, para que los dirigentes locales nos apoyen y nos ayuden a multiplicarlo”, comentó.
Jorge Eduardo Rojas, quien también es ingeniero, motivó la iniciativa con sus colegas en el sentido que se le pondría fin a las licitaciones de obras públicas “a la medida”.

Reiteró que unificar los pliegos evitará que se descarten los competidores y de paso, se incentive que muchas empresas se presenten. “Lo público no debe generar dudas, por eso nuestra intención de que todo quede en una urna de cristal, en donde cualquier ciudadano podrá verificar su contenido”, explicó.

El proyecto pretende igualmente hacer más expeditos los procesos cuando estén involucrados los predios baldíos o en casos de lavado de activos. Cambiarán las reglas del juego de la vigencia de los avalúos comerciales, al igual que la compra de predios, el papel de los concesionarios, la responsabilidad de los interventores, los consultores y asesores externos de proyectos que afecten los intereses del estado o de terceros, entre otros.